La Asamblea de Murcia estudiará una tarjeta sanitaria electrónica para personas con discapacidad
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Una propuesta del PP
propone al Gobierno de Murcia
que estudie dar a cada persona con discapacidad
una tarjeta electrónica para ir al médico y a la farmacia.
Una tarjeta electrónica es parecida a la normal,
pero lleva incorporado un sistema
que permite leer toda la información de la persona
cuando acude al médico.
Además,
la propuesta ofrece un sistema que avisa al médico o médica
de forma automática en caso de urgencia.
Con esta tarjeta
se puede hacer un diagnóstico más rápido
para saber qué problema de salud tiene la persona.
En Murcia hay 802 personas discapacitadas
que tienen una tarjeta de atención preferente.
Con la nueva tarjeta se avisa de manera directa al médico, y
no es necesario llevar ningún papel más.
El ‘no’ a la esterilización forzosa en el Senado
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Ahora le toca al Senado
tratar la propuesta de ley
para que deje de ser legal
la esterilización forzosa.
En España continúa esta práctica
que obliga a operar
a mujeres y niñas con discapacidad
para que no puedan tener hijos.
La ley dice que un juez puede aprobarla
si se demuestra que la persona con discapacidad
no puede tomar decisiones por sí misma, o
si su tutor o tutora lo piden.
Es necesario un informe, y
demostrar que no es capaz de decidir.
Este miércoles comienza el debate
que acabará con una votación y,
si se aprueba,
se volverá a tratar en el Congreso.
Allí los diputados la vuelven a tratar y,
si se aprueba definitivamente,
entrará en vigor
para que no se siga practicando.
La ONU,
que reúne a todas los países del mundo,
pedía en el año 2.019
que dejara de practicarse en España
la esterilización forzosa.
Esa petición de la ONU es urgente,
esto es,
que se pide a España
que acabe lo antes posible con esta práctica.
Los derechos de las mujeres
son iguales para todas y,
con la esterilización forzosa,
las mujeres con discapacidad lo pierden.
No hay mayor poder que la voluntad, y hay ejemplos en que la voluntad es la primera barrera hacia la inclusión
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Estamos en Benavente,
un pueblo de Zamora
que decidió pedir a otros pueblos su colaboración
para ver la posibilidad de que colaboraran
para que personas con discapacidad intelectual
pudieran encontrar trabajo.
En Zamora hay una asociación de familias que se llama Asprosub.
Esta asociación es la que propuso esta iniciativa, y
pidió a 6 empresas que colaboraran
para saber cómo debían estar preparadas
las personas que después contratarán.
Las empresas completarán la formación.
Para llegar a más pueblos,
la asociación Asprosub pidió ayuda al Ayuntamiento de Benavente.
Desde la concejalía de Bienestar Social,
que se ocupa de las necesidades
de las personas con problemas
para que tengan una vida mejor,
enviaron 21 cartas a otros 21 pueblos.
En la carta les pedían que ayudaran.
La idea es que ofrecieran información
sobre personas con discapacidad intelectual
que pudieran trabajar y,
después,
el Ayuntamiento y Asprosub hablarían con ellas.
El 18 de noviembre enviaron la carta, y
los Ayuntamientos de esos 21 pueblos
ni siquiera han contestado.
Hay un refrán que dice que querer es poder,
aunque estos políticos están demostrando
que tienen poder y no quieren usarlo para bien.
En 2019 subió el número de personas con discapacidad que se hicieron autónomos
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Cermi ha hecho públicos los datos
que dicen que en España hay 22.694 personas con discapacidad
que son autónomos.
Estos datos son oficiales de la Seguridad Social.
Esta cifra de 22.694 es mayor que la del año anterior,
que era de 21.459 personas con discapacidad
inscritas en el Régimen de Autónomos.
Esto quiere decir que hay 1.235 personas más.
De estos datos se puede decir que 8.166 son mujeres,
y que 14.528 son hombres.
Así pues,
de estos datos también se puede llegar a la conclusión
que es muy grande la distancia
entre las cifras de mujeres y hombres y,
por lo tanto,
es uno de los problemas que se pueden añadir
al problema que tienen las personas con discapacidad
para encontrar trabajo.
Esta diferencia es muy grande
porque en España hay más de 23 millones de personas
que tienen trabajo y,
sin embargo,
el número de personas con discapacidad son 651 mil.
La diferencia de las cifras de autónomos
también es muy grande pues en España
hay más de 3 millones,
de los que solo 22.694 personas
tienen alguna discapacidad.
Por todo esto,
las personas con discapacidad piden al nuevo Gobierno
que apruebe ayudas
para las personas con discapacidad,
que se hagan autónomos,
y también para las empresas que trabajen con ellas.
Estas ayudas deben estar pensadas
sobre todo para las mujeres con discapacidad.
La Ley de Dependencia no funciona como debe
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La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia
se aprobó en diciembre de 2006.
Esta Ley está pensada para personas
que no pueden desarrollar una vida normal por sí solas.
Estas personas tienen alguna enfermedad,
una discapacidad o
son mayores para poder hacer cosas normales.
La Ley les facilita la ayuda de otras personas
para cubrir sus necesidades.
El año 2.019 murieron en España 85 personas cada día
sin recibir esta ayuda
después de haberla pedido.
Cuando una persona pide la ayuda
se hace una evaluación de su situación personal
para decidir cómo debe ser esa ayuda.
Desde que se pide esa ayuda
hasta que se decide
pasa casi 1 año y medio.
Esta cifra sube más en Andalucía, y
llega casi hasta los 2 años.
Pero, ¿por qué no funciona?
La Ley de Dependencia necesita dinero
para pagar a esas personas
que van a ayudar a las casas.
El problema
es que el dinero que deben poner los Gobiernos
no es suficiente.
Este problema de falta de dinero
hace que la preocupación sea mayor
pues se está anunciando una nueva etapa de crisis
en que faltará dinero para muchas cosas, y
esta de la Ley de Dependencia será una de ellas.
Habrá menos dinero y,
si ya falta,
la situación será peor.
En España hay casi 4 millones de personas con discapacidad, y
en Andalucía 700 mil.
Ángel Rodríguez Castedo,
que fue director del Imserso,
que es la organización del país
que atiende a las personas con necesidades
por su edad o situación personal,
dice que esta situación debe acabar
por el bien de las personas
a las que debe proteger la Ley de Dependencia.
Si los Gobiernos decidieran poner el dinero necesario
se podría contratar a 1 millón de personas
para ayudar a las personas con necesidades de ayuda.
Cermi alerta ante la Policía Nacional del aumento de los delitos de odio a personas con discapacidad en 2019
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CERMI,
que representa a todas las personas con discapacidad,
hace públicos los datos
que dicen que más de 30 personas con discapacidad
han sufrido agresiones en el año 2019.
En el año 2018 la cifra fue de 22 personas.
Son agresiones o vejaciones,
que por ser contra personas con discapacidad
se califican como delitos de odio.
Una persona es agredida cuando se la pega, y
una persona es vejada cuando se la insulta.
La Ley castiga los delitos de odio.
Son delitos de odio los que se hacen contra personas,
son los que cometen personas
contra otras personas que piensan que son distintas.
Las personas que son de otra raza,
las personas que son de otro país,
las personas que hablan otra lengua,
las personas que tienen otra religión,
las personas mayores,
Las personas menores,
las personas con discapacidad,
por ejemplo,
son personas que sufren delitos de odio
si son agredidas o vejadas por ser como son.
CERMI ofrece ayuda a las personas con discapacidad,
que han sufrido agresiones o vejaciones,
para que denuncien o
encuentren la manera de poner remedio.